DIEGO URDANETA / AFP
CARACAS

El gobierno del presidente Hugo Chávez sigue sin materializar sus buenas
intenciones en materia de derechos humanos en Venezuela, que por el contrario
se agravaron en el 2000, en su segundo año de gobierno, coincidieron ante
corresponsales extranjeros voceros de organismos humanitarios.

``En términos estadísticos, la situación ha desmejorado desde el primer año del
presidente Chávez [que asumió el poder en febrero de 1999] hasta el segundo'',
estimó el representante de la organización de defensa de los derechos humanos
Provea, Raúl Cuba.

``Estamos en una situación gris'', dijo Cuba, porque la reivindicación de los
derechos humanos presente en el discurso de Chávez y de altos funcionarios de
su gobierno no concuerdan con la práctica, lo que ha ocasionado, por ejemplo,
que en el último informe anual de Provea dado a conocer a principio del 2001 se
recojan 170 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, casi un 70 por ciento más
de las registradas el año anterior''.

Por su parte, Alfredo Ruiz, portavoz del Foro por la Vida, que agrupa a 35
organizaciones no gubernamentales (ONG), aseveró que han bastado iniciativas
en el discurso presidencial para mejorar la situación humanitaria, como cuando
Chávez llamó a los cuerpos policiales a evitar la represión de las protestas, y
desde ese momento no se han producido más muertes por esa causa.

Pero la salvaguarda de los derechos humanos se vuelve discrecional y depende
de los funcionarios que dirijan los organismos gubernamentales, al no plasmarse
esas ideas en leyes y reglamentos, destacó Ruiz.

Asimismo, hubo expectativa por la intención de rediseñar la policía política
(Disip) para convertirla en una policía de investigación, pero no se ha concretado
la transformación y han vuelto a aparecer en los últimos meses denuncias de
grupos opositores que señalan que ese cuerpo de seguridad los persigue y
hostiga, agregó.

Por su parte, José Gregorio Guarenas, coordinador de la Vicaría de Derechos
Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, subrayó que no sólo en el último año
de gobierno han faltado normativas que apoyen el discurso gubernamental, sino
que se han sentado precedentes que socavan los derechos humanos.

Guarenas evocó una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del año pasado,
en la que se absolvió a un efectivo policial que disparó a un vehículo que no
atendió su llamada de alto, y mató su conductor.

Señaló que situaciones como ésta dan ``carta blanca'' a la Policía para tomar la
justicia por sus manos, en un país donde semanalmente la violencia se cobra
unas cien muertes, y donde ha habido denuncias de que el gobierno ejecuta una
``política de exterminio'' contra los delincuentes.

Los representantes de las ONG coincidieron en que la actual situación de los
derechos humanos contrasta con la del primer año de gobierno de Chávez, que
despertó simpatías por su posición a favor de las reivindicaciones humanitarias,
y por su nueva Constitución Bolivariana, aprobada en diciembre de 1999, que
incluye un amplio articulado en este sentido.

Remarcaron que ahora, además, Chávez se mantiene sin reconocer la presencia
de refugiados colombianos en Venezuela, en tanto que la represión policial ha
evidenciado un repunte, registrándose hasta 9,000 detenciones arbitrarias en el
2000, y 254 denuncias de violación al derecho a la integridad personal,
incluyendo casos de tortura y allanamientos ilegales.

Igualmente, se mantienen impunes los casos de ajusticiamientos por parte de
cuerpos de seguridad durante las labores de rescate de la tragedia pluvial en el
costero estado Vargas, en diciembre de 1999.

Guarenas anunció que en febrero representantes de ONG venezolanas asistirán
en Washington a una audiencia ante la Sociedad Interamericana de los
Derechos Humanos para exponer el estancamiento de los casos de Vargas, así
como esbozar la problemática actual de los derechos humanos en Venezuela.

En mayo, está prevista una visita de miembros de esa organización regional,
para revisar personalmente los avances en materia humanitaria en el país.