Granma Diario
Lunes, 3 de mayo del 2004

Renuncia de Reich podría estar dada por fricciones con la Casa Blanca

WASHINGTON, 3 de mayo (PL). — La dimisión del embajador especial de Estados Unidos para América Latina, Otto Reich, parece estar motivada por desavenencias con la Casa Blanca en el quehacer diplomático, estiman hoy medios de prensa estadounidenses.

Aunque el funcionario dijo que renunciaba para dedicarse "al sector privado como consecuencia de situaciones personales de tipo financiera", todo parece indicar que dejó de ser una figura potable para la Administración de George W. Bush y sus nuevos pasos en la región.

Poderosos intereses económicos presionan al gobierno estadounidense para llevar a cabo opciones más diplomáticas en lugar de enfrentamientos en América Latina, particularmente con Venezuela.

"Con Reich eso iba a ser muy difícil porque no es muy bien visto" en el país sudamericano, según un comentario de prensa.

En enero de 2003, Reich, de origen cubano, comenzó a desempeñarse como embajador especial de la Casa Blanca, al no darle el Senado el visto bueno para continuar en el cargo de subsecretario de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, otorgado por Bush a espaldas del Congreso, utilizando poderes especiales.

El ex funcionario ha sido uno de los personajes más activos en los últimos 10 años en el diseño de la política de Estados Unidos contra Cuba, incluso en períodos en que no ocupó cargos en el gobierno norteamericano.

Reich emigró de Cuba junto a sus padres en 1960, en 1967 se vinculó al Ejército estadounidense, y en 1971 se convierte en asistente de la Cámara de Representantes.

En 1983, durante la Administración del republicano Ronald Reagan fue designado Consejero Especial para la Diplomacia Pública, y como tal jugó un papel activo en la cruzada de Estados Unidos contra la Revolución Nicaragüense.

Fue acusado por la Oficina General de Contaduría del Congreso por violar en ese cargo restricciones establecidas para el presupuesto del Departamento de Estado, las cuales prohíben utilizar fondos federales para propósitos de publicidad o propaganda no autorizados por el legislativo.