PABLO ALFONSO
 El Nuevo Herald
 
 

 La administración del presidente Bill Clinton está lista para anunciar en
 los próximos días la creación de una comisión bipartidista, que tendría
 como objetivo revisar la actual política norteamericana hacia Cuba,
 comentaron el jueves a El Nuevo Herald fuentes políticas en Washington.

 ``Es sólo cuestión de días, falta sólo decidir quien presidirá la comisión'',
 afirmó una fuente legislativa que pidió no ser identificada.

 Hace algunas semanas el senador republicano por Virginia, John W.
 Warner, y otros 17 senadores de ambos partidos, enviaron una carta a
 Clinton pidiendo que se establezca una comisión bipartidista nacional,
 similar a la creada en la década de 1980 para revisar la política de
 Estados Unidos en Centroamérica y que finalmente llevó la paz y la
 democratización a la región.

 El miércoles el senador demócrata por la Florida, Bob Graham, se
 reunió con Clinton en la Casa Blanca para abordar el tema de la
 comisión y expresarle su oposición al proyecto.

 ``Le reiteré al Presidente mi enérgica oposición a la creación de una
 comisión que estudiaría nuestra política hacia Cuba'', afirmó Graham. ``El
 Presidente me aseguró que no se había tomado una decisión para
 establecer la comisión''.

 La propuesta ha logrado el respaldo, entre otros, de los ex secretarios
 de Estado Henry Kissinger, William Rogers, George Shultz y Lawrence
 Eagleburguer, así como del secretario de Defensa, Frank Carlucci.

 La fuente legislativa destacó que en las dos últimas semanas la Casa
 Blanca y el Departamento de Estado han convocado a influyentes
 representantes y senadores para conocer sus opiniones respecto al
 nombramiento de la comisión.

 ``Esos encuentros y otras señales menos visibles son claros signos de
 que ya hay una decisión tomada'', subrayó.

 Además de la Casa Blanca, el Departamento de Estado también ha
 estado muy activo. El miércoles un grupo de exiliados cubanos, fueron
 convocados a una reunión en el Departamento de Estado, que estuvo
 encabezada por Michael Rannenberger, jefe de la Oficina de Asuntos
 Cubanos y John Hamilton, asistente del subsecretario de Estado para
 Asuntos Latinoamericanos.

 En la reunión que duró aproximadamente cuatro horas, estuvieron
 representados grupos moderados como el Comité Cubano por la
 Democracia, hasta abiertamente beligerantes como Alpha 66.

 ``Sería un error nombrar esa comisión y así lo hice saber en esa reunión'',
 dijo Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre, con sede
 en Washington. ``Las comisiones de política exterior del Senado y de la
 Cámara, respectivamente, son las que constitucionalmente deben
 ocuparse de revisar la política exterior en cualquier caso''.

 Por otra parte, ayer en Miami, una delegación del gobierno federal
 compuesta por Harold Hongju Hok, sub secretario de Estado para
 Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales, y Rannenberger,
 se entrevistó en privado con dirigentes de la Fundación Nacional Cubano
 Americana (FNCA) y con los representantes republicanos Ileana
 Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart.

 La comisión propuesta tendría la responsabilidad de analizar la actual
 política hacia Cuba y hacer recomendaciones a la administración y al
 Congreso, sin ninguna otra facultad.

 Aun si sus recomendaciones fueran las de suspender las sanciones
 económicas a Cuba, parcial o totalmente, las mismas no tendrían
 necesariamente un carácter de cumplimiento obligatorio, ya que de
 acuerdo a la Ley Helms-Burton, sólo el Congreso puede adoptar esa
 medida.

 En días pasados los representantes cubanoamericanos, Ileana
 Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, republicanos por la Florida y el
 demócrata Bob Menéndez, de New Jersey, fueron invitados por la
 secretaria de Estado, Madeleine Albright, para discutir la propuesta
 sobre la comisión. Con el mismo propósito el senador demócrata por
 New Jersey, Robert Torricelli, se reunió con Albright a fines de la
 pasada semana.

 ``Mi impresión es que la administración tiene ya decidido nombrar la
 comisión'', afirmó el jueves a El Nuevo Herald el congresista Díaz-Balart,
 quien responsabilizó al consejero nacional de seguridad, Samuel R.
 Berger de estar tras la propuesta.

 Berger, dijo el congresista, ha estado alentando esas posiciones de
 levantar las sanciones al régimen de Castro, añadió.

 La oficina de prensa de Berger no comentó la declaraciones de Díaz
 Balart. Sus asistentes no devolvieron tres llamadas de El Nuevo Herald.
 

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