ROBERTO CORTIJO / Agence France Presse
LIMA

El descubrimiento de fosas comunes en zonas andinas y en la selva en los
últimos ocho meses, con osamentas de víctimas de la guerra que asoló a Perú,
se ha convertido en una herida abierta en el país, según el reclamo de
organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Los últimos hallazgos se produjeron en enero en la región surandina del país y
en septiembre del año pasado en la región amazónica, donde se encontraron
cuerpos con signos de tortura y de ejecuciones extrajudiciales.

``En la década del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori no se investigó
apariciones de fosas comunes porque no había condiciones políticas para
hacerlo. Además, el Ministerio Público, encargado de las investigaciones, no era
independiente y la policía no intervenía'', indicó Francisco Soberón, presidente de
la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Otro elemento que impedía las investigaciones fue que las fosas halladas
estaban en zonas militarizadas declaradas en emergencia, es decir donde las
fuerzas armadas tenían el poder político-militar y rechazaban la presencia de
organismos de derechos humanos, añadió.

Se ignora la cantidad de fosas existentes en Perú, pero los organismos de
derechos humanos consultados consideran que la mayoría se encuentra en
Ayacucho, Huancavelica y Junín, regiones andinas que fueron centros de la
guerra interna, donde sus habitantes estuvieron entre dos fuegos, por un lado
Sendero Luminoso (de corte maoísta) y por el otro, las fuerzas armadas.

La Defensoría del Pueblo está investigando el descubrimiento de dos fosas
comunes en la ciudad de Tarapoto, en septiembre pasado, donde tuvo presencia
el otro grupo alzado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA,
guevarista). En esa zona las tribus indígenas quedaron en medio de la lucha
entre las fuerzas armadas y el MRTA y luego Sendero Luminoso.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo entre 1980 y 1996 se ha
comprobado la desaparición forzada de 7,382 personas y 514 ejecuciones
extrajudiciales que merecen ser investigadas por el ministerio Público y por el
Congreso.

La mayor cantidad de masacres --según Aprodeh-- se registraron en el gobierno
de Alan García (1985-1990), unas siete. Los casos más sonados fueron los de
Accomarca, comunidad campesina de Ayacucho donde el ejército dio muerte a
69 campesinos, los sucesos de los penales en Lima (18 y 19 de junio de 1986)
donde cerca de 300 presos por terrorismo fueron asesinados cuando ya habían
depuesto un motín.

Le sigue el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). En los
primeros seis años se registraron cinco casos. La más conocida fue la masacre
de Barrios Altos, en 1991, una zona pobre de Lima, donde el grupo paramilitar
Colina asesino a 15 personas y a un niño.

El 18 de julio de 1992, el mismo grupo ingresó a la Universidad estatal La
Cantuta y secuestró a ocho estudiantes y a un profesor, quienes tras ser
torturados fueron asesinados.

En enero, el fiscal Jorge Cusinga Luján reveló el hallazgo de cuatro fosas en el
distrito de Colcabamba, al este del Departamento de Huancavelica (440
kilómetros al sureste de Lima), con al menos 17 cadáveres que datan de ocho a
10 años.

Cusinga Luján basó su declaración en informes de peritos del laboratorio central
de la Dirección Nacional Criminalística (Dinincri) de la Policía Nacional, que
determinaron que al menos ``dos de las víctimas tienen orificio de entrada y
salida de bala'' y otra evidencia ``fractura a nivel del cuello antes de la muerte''.

En ese mismo mes, se halló una fosa en el distrito de Pachamarca,
Departamento de Huancavelica con restos de ocho peruanos asesinadas en
1989.