By Agence France Presse
                      MANAGUA

                      En Nicaragua cientos de niñas menores de 18 años venden todas las noches sus cuerpos en las calles de
                      Managua por unas cuantas monedas, o son llevadas bajo engaños fuera del país, por proxenetas que hacen
                      negocio de la pobreza y el desempleo que aqueja al país, denunció la organización Casa Alianza.

                      Un estudio efectuado por esa asociación sobre explotación sexual, reveló que sólo en Managua circulan más de
                      1,200 prostitutas, de las cuales el 40 por ciento son menores de 18 años, mientras que otras son vendidas a
                      prostíbulos extranjeros o abusadas en medio de una total impunidad, alertó la directora de Casa Alianza en
                      Nicaragua, Zelmira García.

                      ''Esto es preocupante, porque la cifra aumenta día a día'' y peor aún que ''la utilización con fines sexuales del
                      cuerpo de una menor de edad, es que la sociedad lo mire como algo normal'', afirmó la representante.

                      El 53.2 por ciento de los cinco millones de nicaragüenses son menores de 18 años, de los cuales 1.6 millones
                      viven en ''condiciones de pobreza extrema'', expuestos al abandono familiar y estatal, al maltrato y a la
                      explotación laboral y sexual, indica un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

                      Esta situación, agravada por la pobreza que afecta a más del 70 por ciento de los nicaragüenses, ha propiciado
                      que muchas jovencitas se prostituyan o sean utilizadas con fines de comercio sexual.

                      ''Aquí encontramos personas que testificaron sobre el tráfico organizado de jovencitas a través de puntos ciegos
                      de la frontera para llevarlas, bajo engaños, a centros de prostitución a Guatemala y El Salvador'', aseguró
                      García.

                      Un caso concreto se registró a principios de este año en el departamento de Chinandega, 129 km al noroeste de
                      la capital, donde una menor de 14 años, identificada como Julia Mendoza, desapareció y fue localizada luego en
                      Guatemala adonde fue llevada junto a otras dos jovencitas por un traficante de menores.

                      García señaló que a pesar de los esfuerzos hechos por la organización por denunciar estos casos, la explotación
                      sexual es un delito que ha quedado en la impunidad debido a que existe todo un sistema de control, que impide a
                      las víctimas salirse de esa vida por temor a represalias o por dependencia económica.

                      ''Cualquier investigador tendría que meterse en ese submundo infrahumano y peligroso'' y en el que ''participan
                      desde el taxista y el mesero de un restaurante, hasta gente de mucho dinero'', manifestó la representante.

                      Otra variedad de prostitución es el turismo sexual, una actividad que ''ha venido creciendo y que no hemos
                      podido detener porque muchas niñas ven esto como una alternativa económica'' que realizan con el
                      consentimiento de la familia, añadió.

                      No obstante, García criticó la falta de beligerancia de la policía nicaragüense, que se ha negado a investigar y
                      sancionar este tipo de actividades.

                      Una investigación efectuada por la coordinadora de organismos no gubernamentales (ONG), el año pasado,
                      reveló que en Nicaragua la explotación sexual de menores se da con mucha frecuencia en los mercados y
                      algunos puestos fronterizos del país, donde muchos niños y niñas que se dedican a vender o trabajar como
                      cargadores de bultos son explotados sexualmente.

                      Se estima que en Nicaragua hay más de 700,000 niños desamparados por sus familias y el Estado, de los cuales
                      3,500 son víctimas de maltrato y abandono, 1,100 viven en las calles, 300,000 realizan algún tipo de trabajo y
                      107,500 tienen otras formas de sobrevivencia.