La estrategia de hacer renunciar a las autoridades de municipios y departamentos de este país, en la
                que se embarcaron las Farc hace tres semanas con el fin de generar un vacío absoluto de poder, no
                es una idea original de la guerrilla colombiana.

                Hace tres décadas, en la guerra del Vietnam, los viet cong amenazaron y eliminaron a centenares de
                funcionarios locales, con lo cual consiguieron sembrar el desorden y la anarquía en buena parte del
                territorio en conflicto.

                En el caso colombiano, luego de lanzar las amenazas, las Farc solo han asesinado a un alcalde
                elegido popularmente, el de Solita (Caquetá), y han llevado a cabo unas pocas acciones dispersas de
                intimidación: un atentado contra el alcalde de Santa Bárbara (Antioquia), cinco o seis secuestros de
                advertencia, con liberaciones rápidas, el homicidio de la esposa de un alcalde (San Vicente del
                Caguán) y una bomba en la alcaldía de Miranda (Cauca), entre otras.

                Con estas escasas operaciones, han conseguido la renuncia de 222 alcaldes municipales y la
                parálisis total de 35 pueblos, con toda su administración renunciada y cesante.

                "Lo que están haciendo las Farc puede ser el paso más importante en muchos años de afianzamiento
                de su control territorial", asegura el analista Alfredo Rangel. "Y cumple con el doble cometido de
                erosionar muy seriamente al Estado a nivel de las regiones y mostrar poder, ya no solo en las áreas
                periféricas de siempre, sino también en los grandes núcleos urbanos".

                Lo que más llama la atención de los observadores del conflicto colombiano es la gran capacidad que
                está demostrando la guerrilla para confundir a la Fuerza Pública, y al país entero, sobre cuál va a ser
                su accionar en el corto plazo.

                Luego de la ruptura del proceso de paz, cuando se esperaba una acometida terrorista contra las
                ciudades y un enfrentamiento frontal contra el Ejército y la Policía, la guerrilla terminó optando por el
                plan de 'despejar' los municipios de autoridades y agentes del Estado.

                "Primero mostraron su poder dejando a oscuras e incomunicando a varios departamentos", dice el ex
                guerrillero y analista León Valencia. "Luego hicieron algunas operaciones cargadas de audacia como
                lo de los diputados del Valle. Y finalmente se metieron en esto de las amenazas a los alcaldes, una
                táctica terriblemente barata y eficiente".

                Este último planteamiento de Valencia es totalmente válido. Tal vez nunca, en el viejo conflicto
                colombiano, se había apreciado una estrategia que exigiera unos costos tan bajos en cuanto a
                hombres, municiones y logística. Las Farc lo único que han hecho es lanzar una amenaza general y
                presionar a algunos alcaldes para que, casi por inercia, el amedrentamiento opere y se produzca el
                efecto multiplicador. Y eso es, finalmente, lo que está sucediendo.

                Aunque es imposible prever hasta donde va a llegar la nueva táctica, lo evidente es que, ya echada a
                rodar, sus consecuencias pueden ser contundentes. Tanto así, que para muchos analistas, el país
                está entrando en una fase definitiva de la guerra.

                "Es que decenas de pueblos sin autoridades, sin administración, generarían un caos tal, una
                anarquía de tal magnitud que el Estado podría colapsar. La situación se puede volver inmanejable,
                aún para la propia guerrilla", asegura el investigador Javier Naranjo.

                "Lo peor es que enfrentar una situación como esta exige una respuesta de presencia militar y política
                masiva en muchísimos puntos del territorio nacional. Solo eso, y no los chalecos antibalas, los
                alcaldes armados y los escoltas, puede frenar una ofensiva como esta de las Farc.

                Siguiendo esa lógica, la situación en que va a entrar el próximo gobierno, en menos de un mes, es
                sumamente complicada. Es probable que el nuevo Presidente comience mandato con decenas de
                pueblos acéfalos de administración, o gobernados a control remoto.

                "La situación está forzando a que Uribe tenga que entrar con un planteamiento categórico de
                respuesta militar a gran escala, o a que se vea obligado a sentarse a la mesa de diálogo, quiera o
                no", afirma el catedrático y experto en temas de paz Alejo Vargas.

                Inclusive, en una reunión de alcaldes y gobernadores amenazados, realizada el viernes en Bogotá,
                varios mandatarios exigieron que el nuevo Presidente arranque su mandato convocando a un
                proceso de paz.

                La otra opción, la respuesta militar categórica, no la pueden dar las Fuerzas Armadas tal como se
                hallan en la actualidad. Analistas como Javier Fernández Riva y voceros del gobierno entrante
                reconocen que el Ejército necesita de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), más o menos
                cuatro billones de pesos, para lanzar una ofensiva eficiente contra la subversión.

                No es claro cuánto tiempo puede pasar antes de que el nuevo Gobierno consiga esos recursos, los
                desembolse y los haga efectivos. Y quizá lo más complejo de este problema de las renuncias masivas
                es que precisamente las soluciones son de urgencia extrema, porque el acoso de la guerrilla no va a
                ceder y porque un solo alcalde asesinado tiene efectos inmediatos y crecientes en renuncias y en
                administraciones al garete.

                "Lo que viene es definitivo. Aquí no ha habido una política de paz en más de 30 años de conflicto,
                pero tampoco ha habido una política de guerra", afirma un investigador que pide reserva de su
                nombre.

                "Las Farc tiraron una carta que plantea un golpe mortal al Estado. Uribe no va a poder pasar
                agachado, como hicieron sus tres antecesores, dejando que el conflicto continúe soterrado mientras
                pasan sus 4 años", concluye.

                SERGIO OCAMPO MADRID
                Editor de Nación