Los acusados podrían acogerse a una excepción de una ley para el registro
de agentes foráneos

RUI FERREIRA
El Nuevo Herald

A dos semanas de la probable conclusión del juicio a cinco hombres acusados
de espiar para la isla, la jueza Joan A. Lenard ha decidido examinar el contenido
de las leyes de espionaje, después de que la defensa argumentó que a los reos
se les debía eximir de su aplicación.

Según los abogados defensores, a los acusados se les podría aplicar una
excepción de una ley que obliga al registro ante la Departamento de Justicia de
cualquier agente al servicio de un gobierno extranjero.

Esta excepción se aplicaría porque los acusados han admitido ser funcionarios
del gobierno de la isla, y porque han dicho que su permanencia en Estados
Unidos se debió a la necesidad de vigilar lo que calificaron de ``actividades
violentas'' del exilio cubano.

Ayer, según trascendió de una reunión de la jueza con fiscales y abogados para
decidir cómo el jurado será instruido sobre los cargos y la legislación
correspondiente, el defensor público Joaquín Méndez afirmó que a su cliente,
Fernando González, se le debería aplicar la excepción de la ley porque estaba
temporalmente en Estados Unidos, ya que viajaba regularmente a la isla.

La excepción en cuestión estipula que no hace falta registrar ``a los funcionarios
de un gobierno que se encuentren de visita temporal en Estados Unidos,
ejerciendo una función que concierne apenas a asuntos internos de ese
gobierno''.

Si la jueza acepta el argumento de la defensa, e instruye al jurado de que tenga
en cuenta que los supuestos espías estaban aquí por ``asuntos internos''
cubanos, estaría dando a los agentes castristas el mismo tratamiento que
Washington ha concedido a los agentes británicos que vigilan las actividades del
Ejército Republicano Irlandés en suelo estadounidense, comentó un funcionario
federal.

``Lo contrario pudiera colocarnos en aprietos si ella sienta un precedente y, de
repente, los irlandeses aquí deciden ir a los tribunales a cuestionar la presencia
de los espías británicos'', añadió la fuente, que pidió el anonimato.

La fiscalía argumentó que como los cinco acusados --Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González--
trabajaban clandestinamente para el gobierno de la isla, no se aplica ninguna
excepción a la ley.

Tres de los acusados enfrentan condenas de cadena perpetua por conspirar para
realizar espionaje, mientras los demás --de ser hallados culpables-- pudieran ser
condenados a 10 años de cárcel, precisamente por no registrarse como agentes
extranjeros.

``El Congreso legisló claramente que ser un agente encubierto no es aceptable.
De ningún modo nada que sea `oficial' puede ser hecho de modo oculto'', apuntó
la fiscal federal asistente Caroline Heck Miller.

Especialistas atribuyen la posición de la jueza al hecho de que el juicio de los
cinco hombres puede concluir en una sentencia que dicte jurisprudencia.

``No quiere decir que las acusaciones no tengan mérito o no estén bien
encuadradas, sino que la jueza quiere tener todos los datos en la mano para
poder decidir'', comentó el abogado Ralph Fernández.

La defensa terminó el martes su presentación del caso. Mañana, la fiscalía inicia
su contraofensiva y eso es algo que el abogado ve con preocupación.

``La defensa fue muy activa; abrió muchas puertas que la fiscalía no había
tocado. Creo que ahora no deben dejar pasar esa oportunidad, y mi consejo es
que les tiren con todos los disparos que puedan'', enfatizó Fernández.

Heck Miller pidió a la jueza entre tres y cinco días para argumentar contra el
caso, pero Fernández cree que es un plazo ``demasiado pequeño''.