RUI FERREIRA
El Nuevo Herald

Uno de los acusados de espiar en Estados Unidos para el régimen cubano, que empezó a
ser juzgado este lunes en Miami, admitió que se llama realmente Gerardo Hernández, como ha
sostenido la fiscalía desde hace dos años, y no Manuel Viramontes, nombre con que inicialmente
se identificó ante las autoridades.

Aunque no significa necesariamente una admisión de culpabilidad, reconocer que su
nombre verdadero es Hernández termina dándole un fuerte espaldarazo a la acusación de
espionaje de la fiscalía.

La novedad salió a flote el martes, al inicio del segundo día de selección de los jurados, cuando
el abogado Paul MacKenna, al indicar la presencia de su cliente en la sala, lo identificó
como Hernández.

Desde que fue arrestado en septiembre de 1998, el abogado siempre se refirió a
Hernández en corte como Viramontes, aunque en los documentos del caso
siempre fue oficialmente identificado como Hernández.

``Es su verdadero nombre. El se llama Gerardo Hernández'', confirmó el abogado
a El Nuevo Herald, durante un receso de las sesiones, sin dar más detalles.

Además de espiar para Cuba, un cargo que conlleva unos 10 años de cárcel,
Hernández encara cadena perpetua bajo la acusación de ``conspirar'' para
derribar las dos avionetas de Hermanos al Rescate, acto que provocó la muerte
de tres estadounidenses y un cubano exiliado.

En la documentación que sirvió para encausarlo, la Fiscalía Federal del Distrito
del Sur de la Florida consignó que las pesquisas de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) concluyeron que Hernández era el jefe de una red de
supuestos espías cubanos, que operaban en el sur de la Florida desde por lo
menos mediados de la década.

A raíz de las detenciones fueron encausadas 10 personas. Cinco se declararon
culpables y recibieron sentencias sumarias entre 3 y 7 años de cárcel, mientras
que ahora están siendo juzgados las cinco restantes: Hernández; John Doe II
alias Luis Medina; John Doe III alias Rubén Campa; Antonio Guerrero y René
González, un ciudadano estadounidense que vivió muchos años en la isla y a su
regreso a Miami fue piloto de Hermanos al Rescate y del Movimiento
Democracia.

Posteriormente a esos encausamientos, la fiscalía produjo una segunda
acusación donde Hernández y el ex piloto de Hermanos al Rescate, Juan Pablo
Roque, fueron acusados de conspirar con las autoridades cubanas para derribar
las avionetas. Roque escapó a la isla el día antes del derribo.

Además, también han sido acusados, pero en ausencia porque se fugaron del
país, otros tres supuestos miembros de la red, John Doe IV alias Albert Manuel
Ruiz; John Doe V alias Ricardo Villarreal y John Doe VI, alias Remigio Luna.
Estos dos últimos, según las autoridades también ejercieron funciones de
mando en la red hasta pocos meses antes de ser desbaratada.

Al momento de su arresto, el FBI encontró en la residencia de Hernández un
carné de identidad y una tarjeta electoral portorriqueña, una licencia de manejar
mexicana y un certificado de nacimiento emitido en Texas, todo a nombre de
Manuel Viramontes. Así como una licencia de manejar y un certificado de
nacimiento de Puerto Rico y un carné de seguridad social estadounidense a
nombre de otras personas.

Sin embargo, según las autoridades, Hernández es un capitán del ejercito
cubano, que se encontraba operando en Estados Unidos desde 1992 bajo el
nombre de Viramontes. Al llegar era, presumiblemente apenas un teniente,
porque el 6 de junio de 1996, sus jefes en la isla le informaron de su promoción a
capitán en recompensa por su participación en el derribo de las avionetas, según
comunicaciones cifradas interceptadas por el FBI.

El proceso de selección del jurado transcurrió el martes con normalidad.
Alrededor de unas 72 personas contestaron un cuestionario de 29 preguntas y
alrededor de una treintena fueron eliminadas. Las restantes serán llamadas
nuevamente el viernes y el lunes, para indagar su posición sobre temas tan
delicados en Miami como el proceso político cubano, el gobernante Fidel Castro,
las organizaciones del exilio, el derribo de las avionetas y sus conocimientos
sobre el caso.

A los potenciales jurados que no han sido aún seleccionados, la jueza Lenard
les ordenó que por estos días no pueden escuchar ni leer noticias relacionadas
con el juicio, ni discutir sus detalles siquiera con sus familiares.