Ola delictiva ahoga paz salvadoreña

 KEN GUGGENHEIM
 Associated Press

 San Salvador -- No fue el conflicto civil lo que envió a Carlos Gutiérrez
 España al hospital, sino más bien la paz: fue mutilado durante un asalto,
 víctima de uno de los millares de delitos comunes que enlutan a El
 Salvador casi seis años después del fin de la guerra.

 Los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto, pero no al derramamiento
 de sangre. Hoy, los delitos comunes matan a los salvadoreños a un ritmo
 más rápido que el de la guerra. Según cómo se interpreten las
 estadísticas, El Salvador podría ser en la actualidad la nación más
 violenta de América Latina.

 El final de la guerra bien puede haber alimentado la violencia. Los
 represivos departamentos de policía fueron disueltos y en su lugar se
 organizaron nuevas fuerzas policiales, dejando lagunas en el ejercicio de
 la autoridad. Las armas pasaron del campo de batalla a manos civiles.
 Los refugiados volvieron a sus hogares, algunos adiestrados por pandillas
 de delincuentes en ciudades norteamericanas.

 ``En honor a la verdad, lo que estamos padeciendo es una tran- sición'',
 dice Rodrigo Avila, director de la Policía Nacional Civil. ``Lo que
 venimos experimentando es un trauma, un trauma de pasar a un nuevo
 sistema de gobierno, un nuevo sistema de apertura''.

 El problema no atañe a El Salvador solamente. El crimen va en ascenso
 por toda Centroamérica, alimentado por la pobreza, la corrupción y el
 quebrantamiento de las estructuras familiares.

 En los países donde hubo guerra civil durante la década pasada --El
 Salvador, Nicaragua y Guatemala-- los ex combatientes pasaron a la
 vida civil con escasos conocimientos útiles aparte de la habilidad de
 matar. Algunos formaron pandillas --a menudo con relaciones con la
 policía y el ejército-- especializadas en la extorsión, el hurto de
 automóviles, el narcotráfico y el secuestro.

 Ni siquiera Costa Rica, considerada la nación centroamericana más
 segura de la década anterior, se ha salvado de la oleada de criminalidad.
 En ese país, los turistas extranjeros han llegado a ser frecuentes víctimas
 de los delincuentes.

 Los crímenes han retrasado la recuperación de posguerra. El dinero que
 pudiera usarse para la educación se gasta en policías y cárceles. Los
 servicios médicos no dan abasto. Hombres que podrían estar
 reconstruyendo sus países mueren jóvenes, languidecen en prisión, o
 --como Gutiérrez España-- pasan sus días en hospitales calurosos y
 atestados.

 A Gutiérrez España lo asaltaron en marzo, cuando se dirigía hacia su
 casa en Nahuizalco, a unos 50 kilómetros al oeste de la capital, San
 Salvador.

 Un hombre con una escopeta y otro con un puñal le robaron la cartera,
 que contenía el equivalente de $320, su sueldo mensual en una refinería
 de azúcar. Hubo una reyerta cuando Gutiérrez España pidió que le
 devolvieran su tarjeta de seguro social. Mientras uno de los asaltantes lo
 pillaba contra el pavimento, el otro utilizó el cuchillo. La víctima alzó una
 mano para protegerse de la hoja.

 ``Mire cómo estoy ahora. No puedo hacer nada'', dice Gutiérrez
 mostrando sus brazos. ``Me dejaron manco. No puede agarrar nada''.

 Los crímenes violentos, que ya eran numerosos en 1996, aumentaron el
 año pasado, de acuerdo con las estadísticas divulgadas recientemente
 por la Fiscalía General de la República.

 Los homicidios ascendieron de 8,019 en 1996 a 8,281 el año pasado, y
 las heridas infligidas durante la comisión de delitos aumentaron de
 14,352 a 15,697. Durante los doce años de guerra civil perdieron la vida
 como promedio 6,330 personas anuales, es decir, una 76,000 en total.

 En este país de unos seis millones de habitantes, hay unos 23 homicidios
 a diario. La ciudad de Nueva York, con más de siete millones de
 habitantes, tiene dos homicidios diarios como promedio.

 La tasa de homicidios de El Salvador es más de 100 por 100,000
 habitantes. Colombia --a la que se considera hace tiempo la nación más
 violenta de Latinoamérica-- tuvo una tasa del 81 por 100,000 en 1996.

 Algunos criminólogos dicen que las cifras son engañosas porque los
 países usan métodos distintos para notificar de los homicidios. El jefe
 policial Avila señala que El Salvador incluye en sus estadísticas delictivas
 algunas muertes que otros países no consideran, como las muertes de
 tránsito y los suicidios.

 El doctor Julio César Gómez Flores ve de cerca los efectos de la
 violencia en el Hospital Rosales, donde la mayoría de las víctimas, como
 Gutiérrez España, son jóvenes y han recibido heridas de bala o
 navajazos.

 Gómez Flores, director de anestesiología, recuerda al dirigente de una
 pandilla que fue ultimado hace tres años tras haber sido recluido en una
 celda con varios miembros de una pandilla rival. El cadáver presentaba
 132 puñaladas.

 ``La guerra nos insensibilizó'', dijo. ``Es una cualidad que todos
 poseemos. Todo el que haya visto tantos muertos y heridos no puede ya
 sentir nada''.

 La violencia forma parte de la historia salvadoreña. Los dictadores
 militares, respaldados por la oligarquía nacional, utilizaron la fuerza bruta
 para conservar el poder durante muchas generaciones.

 En 1979, los rebeldes izquierdistas coaligados en el Frente Farabundo
 Martí de Liberación Nacional (FMLN) declararon la guerra a una serie
 de gobiernos apoyados por Estados Unidos. Los escuadrones de la
 muerte derechistas mataban con impunidad a los presuntos simpatizantes
 de los rebeldes.

 Una tregua mediada por las Naciones Unidas se firmó en enero de 1992
 y la guerra llegó a su fin en diciembre. Los acuerdos de paz dispusieron
 la aplicación de una reforma agraria, la legalización del FMLN como
 partido político y la reducción de las fuerzas armadas.

 Los ex combatientes son ahora políticos y no se habla de revueltas ni
 golpazos. El FMLN conquistó la alcaldía de San Salvador el año pasado
 y es el segundo de los partidos representados en la legislatura nacional.

 Pero los acuerdos apenas ayudaron a los civiles.

 ``Nadie pensó en los niños, nadie pensó en los adolescentes nacidos
 durante el conflicto que se acostumbraron al ambiente de una guerra, a la
 violencia y la muerte'', dice Ruth Anabella Henríquez Chávez,
 viceprocuradora general para la defensa de los derechos de la infancia.