WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Abogados de los demandantes y representantes del gobierno discreparon ayer frontalmente sobre si fue ''una consecuencia inevitable'' o ''una reacción excesiva'' el uso de gas paralizante contra personas indefensas durante el asalto armado para sacar al niño balsero Elián González de La Pequeña Habana.

''Había una consecuencia inevitable para algunas personas inocentes que fueron rociadas con gas'', afirmó Stephen Handler, abogado de la defensa. ``Los agentes actuaron con un sentido de prevención''.

Handler, quien encabezó el equipo legal del Departamento de Justicia, respondió a las interrogantes del juez federal Kevin Michael Moore durante los argumentos finales del juicio civil por supuesto exceso de fuerza en la llamada Operación Reunión, el 22 de abril del 2000.

La demanda fue presentada en nombre de 13 vecinos y manifestantes, que alegan atropellos y secuelas emocionales por la acción de los agentes, y piden una compensación de $250,000 por persona.

Moore preguntó a los abogados del gobierno si era razonable rociar con gas a ''personas inocentes'' que no interfieron la acción del operativo armado.

''Este es un asunto clave del caso'', aseveró Moore, quien también preguntó a Handler si existen precedentes legales que puedan utilizarse como guía para evaluar el uso excesivo de la fuerza.

Handler mencionó el caso de Waco, Texas, en 1993, que obligó a la acción gubernamental, pero reconoció que ``las circunstancias eran diferentes''.

En nombre de los demandantes, el abogado Mike Hurley manifestó que el operativo federal fue ''una reacción excesiva'' y argumentó que los agentes armados sobrepasaron las indicaciones trazadas en el plan de asalto a la vivienda de la familia González, en el cual se previó el uso del gas sólo para disolver una ``resistencia masiva''.

''Lo que se usó no fue un nivel mínimo de fuerza para controlar la situación'', insistió Hurley. ``No hay razón de demostrar que el uso de la fuerza fue razonable''.

La sesión de ayer tuvo entre sus asistentes al ex alcalde de Miami, Joe Carollo, a quien Moore no permitió ofrecer testimonio durante el proceso judicial.

Aunque las sesiones del proceso concluyeron ayer, quedan pendientes las declaraciones de las abogadas Rebeca Sánchez-Roig y Diana Alvarez, empleadas del Departamento de Seguridad Nacional. El veredicto del juez tomará al menos dos semanas en producirse.