WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

En un paso que refuerza el control gubernamental sobre la población, Cuba puso en vigor nuevas regulaciones para restringir las ventas de automóviles en divisas a ciudadanos nacionales.

La Resolución 54/2004 del Ministerio de Finanzas y Precios --efectiva desde el pasado 15 de marzo-- reduce sustancialmente las oportunidades de particulares y trabajadores de entidades estatales que a partir de ahora aspiren a comprar un automóvil en dólares en la isla.

''Las personas naturales cubanas que soliciten autorización para la compra de un automóvil en Moneda Libremente Convertible (MLC), deberán haber obtenido esos ingresos como resultado del trabajo, en tareas y funciones asignadas por el Estado o de interés de éste'', señala el documento firmado por la ministra Georgina Barreiro Fajardo.

La medida deroga la anterior legislación --de marzo de 1996-- sobre la venta de carros en dólares a ciudadanos cubanos, la cual exigía sólo la carta de un organismo estatal para realizar la transacción, sin cláusulas específicas sobre las personas con derecho a la solicitud.

La flamante disposición, de seis páginas, establece categorías únicas de cubanos que pueden acceder a la compra de un auto.

Sólo serán autorizados, con ingresos adquiridos fuera de Cuba, ''dirigentes, funcionarios, técnicos, profesores, científicos, personal de la salud, artistas, tripulantes de naves y aeronaves, personal administrativo y de servicio que laboren todos en misiones oficiales en el exterior'' y ``artistas, atletas, técnicos, profesores y científicos que reciban premios internacionales''.

Si el dinero fue obtenido dentro del país, el documento puntualiza que únicamente podrán efectuar la compra ''artistas y escritores cubanos vinculados a instituciones culturales que obtienen ingresos en MLC por la comercialización de sus obras, derecho de autor o de sus presentaciones artísticas a través de las entidades autorizadas a tales efectos'' y ``tripulantes de naves que laboran en cabotaje de buques''.

El texto indica que los jefes de los organismos de la administración central del Estado serán responsables de dar el visto bueno a los expedientes de los solicitantes y de remitirlos a la máxima autoridad del Ministerio de Finanzas y Precios para su aprobación definitiva.

La larga lista de requisitos que deberá llenar el expediente, incluye ``los criterios sobre la actitud ético-moral del solicitante en su lugar de residencia''.

Aunque se considerarán los ingresos de los últimos cinco años, será requisito indispensable haberlos obtenido en uno de los últimos dos años.

No se tendrá en cuenta ningún tipo de ingreso ''que no sea originado directamente en el desempeño del trabajo en tareas y funciones asignadas por el Estado o de su interés'', por lo que quedará excluido el dinero por estimulación en pesos convertibles, las remesas y las herencias.

''Además del reforzamiento burocrático y centralista, esta es una resolución que divide aún más la sociedad cubana entre una minoría privilegiada y la mayoría que nunca podrá tener un carro'', comentó un ex abogado de la corporación CUBALSE, exiliado en Miami.

El mercado de automóviles en Cuba se reduce a las ventas en divisas para extranjeros y nacionales autorizados. El precio de un carro compacto usado oscila entre $10,000 y $14,000.

La resolución tiene lugar después de la llamada ''Operación HK'', emprendida el pasado año por la policía para confiscar todos los vehículos comprados por extranjeros y que eran conducidos por ciudadanos cubanos.