El gobierno ordenó medidas de seguridad para proteger la sede del Congreso ante versiones de amenazas de nuevos atentados

 MANUEL JIMENEZ / Reuters
 SANTO DOMINGO

 El gobierno dominicano ordenó ayer establecer severas medidas de seguridad en la sede del Congreso, tras la muerte de un senador que había sido baleado esta
 semana, ante versiones de amenazas contra la vida de otros legisladores, dijeron funcionarios.

 El senador oficialista Darío Gómez, de 46 años, falleció en la mañana de ayer en el hospital Plaza de la Salud, donde había sido ingresado en la noche del martes tras ser baleado en una residencia al este de Santo Domingo, junto a su guardaespaldas, por un grupo de desconocidos.

 El presidente Hipólito Mejía ordenó al ministro de las Fuerzas Armadas, general José Miguel Soto Jiménez, asumir personalmente la seguridad de la sede del Congreso Nacional, luego que surgieran versiones de que otros legisladores habrían recibidos amenazas de muerte.

 Mejía, en un decreto declarando un día de duelo, definió a Gómez como un hombre comprometido con el proceso de desarrollo social, económico y político de República Dominicana y garantizó que su muerte no quedará impune.

 Gómez, que pertenecía al gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se había convertido en un polémico senador luego que, contrariando las directrices de su organización política, presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial.

 Igualmente, en la noche del atentado el Senado había aprobado una ley que establece severas penas al lavado de dinero del narcotráfico.

 El presidente del PRD, Hatuey de Camps, legisladores, políticos opositores, empresarios y la Iglesia Católica condenaron el crimen y reclamaron de las autoridades
 profundizar las investigaciones para dar con los autores del asesinato.

 Portavoces del gobierno dijo que todos los organismos de inteligencia del Estado están trabajando en el caso y que unas 12 personas están detenidas y bajo
 investigación.

 Fuentes legislativas dijeron que otros legisladores habrían recibido amenazas de muerte, aunque no especificaron las razones ni se identificó a los supuestos afectados.

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