WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Dos meses después de ser arrestados y confinados a un régimen de aislamiento, los activistas anticastristas Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat comienzan a transitar por un proceso judicial que augura largas porfías legales y determinaciones a puertas cerradas.

En plena fase de presentación de pruebas sobre los seis cargos de posesión ilegal de armas, la oficina del juez federal James I. Cohn emitió días atrás una orden sellada, procedimiento interno del caso que exige absoluta discreción.

La existencia de la orden judicial implica que habrá un desarrollo del caso en una fecha próxima sin divulgación ni acceso público, en virtud de razones que han sido aceptadas por ambas partes y que pueden circunscribirse incluso a asuntos de seguridad nacional.

Abogados de la defensa contactados por El Nuevo Herald declinaron referirse al tema. La fiscalía no comenta sobre casos en proceso, amparada en una política de privacidad.

La principal estrategia del equipo legal de Alvarez y Mitat se encamina a cambiar la jurisdicción del caso, que ha sido asignado a un tribunal federal de Fort Lauderdale.

La defensa insiste en que no existe ningún motivo sustancial para efectuar el juicio fuera del condado Miami-Dade, donde ocurrieron la casi totalidad de los hechos relacionados en el encausamiento.

El juicio está fijado para iniciarse el 8 de mayo.

La defensa está trabajando intensamente en una moción para reclamar el traslado del juicio a Miami-Dade, la cual podría estar lista durante la próxima quincena.

''Nuestra reclamación va a estar basada en el testimonio de dos prominentes expertos sobre estadísticas demográficas y en la evidencia de que el 99 por ciento de los hechos, ocurrieron en Miami-Dade'', indicó el abogado Arturo Hernández, que representa a Alvarez.

Mitat, de 63 años, fue detenido el pasado 17 de noviembre cuando se disponía a recibir una nevera con armas y explosivos que presuntamente provenían de un apartamento de Alvarez en Lauderhill, Broward. Alvarez fue arrestado horas después tras practicársele un registro en sus oficinas de Hialeah.

Hernández dijo que ha habido ''algunos adelantos'' en el tratamiento a los acusados, que ya tuvieron acceso a llamadas telefónicas, visitas familiares, correspondencia y materiales de lectura, aunque persisten las condiciones de segregación carcelaria.