El Nuevo Herald
April 22, 1999
 
 
Un jesuita pide clemencia a Castro

No se solucionan a fondo los conflictos de los seres humanos
utilizando la muerte como instrumento, dijo el jesuita en su
carta

CRISTINA HASBUN / EFE
SAN SALVADOR

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita español José
María Tojeira, informó el miércoles de que ha pedido al gobernante cubano,
Fidel Castro, que se conmute la pena de muerte a los salvadoreños Raúl
Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez.

En declaraciones, Tojeira dijo que envió una carta a Castro, ``hondamente
preocupado'' por la posible ratificación de la pena capital impuesta a Cruz
León y Rodríguez, condenados por cometer actos de terrorismo en la isla en
1997.

``La vida no se protege arrebatándosela a nadie, ni se solucionan a fondo los
conflictos entre los seres humanos utilizando la muerte como instrumento'',
expresó Tojeira en su misiva a Fidel Castro.

Cruz León, de 27 años, fue condenado a muerte por un tribunal de cinco
jueces el 23 de marzo pasado tras confesarse autor de media docena de
atentados con dinamita cometidos en hoteles y restaurantes de La Habana,
hechos en los murió un turista italiano y once personas resultaron heridas.

Rodríguez, de 40 años, también fue condenado a la pena capital una semana
después, acusado de introducir en Cuba materiales explosivos para atentar
contra varios objetivos turísticos.

La Fiscalía de Cuba había solicitado en un principio 30 años de cárcel para
Rodríguez, dado que en sus acciones no hubo víctimas, pero en el juicio pidió
el mismo castigo que para Cruz León.

Tojeira declaró que, a pesar de que la UCA sufrió en noviembre de 1989 el
asesinato de su rector, el español Ignacio Ellacuría, y de otros cuatro
religiosos de la misma nacionalidad y un salvadoreño, ``ha venido
oponiéndose sistemáticamente a un castigo como el de la pena de muerte,
que creemos en muchos aspectos irracional e innecesario''.

Los seis jesuitas, junto con una empleada doméstica y la hija de ésta, fueron
asesinados por militares salvadoreños a los que se condenó a 30 años de
cárcel en septiembre de 1991, aunque quedaron libres en marzo de 1992
mediante una amnistía aprobada después de la firma de la paz entre el
Gobierno y la guerrilla.

 
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