Afirman que las modificaciones son para un sometimiento a la justicia y no para una negociación de paz.

Consideran como un debate estéril los diálogos con el Gobierno, en las condiciones planteadas por el nuevo proyecto, rebautizado como de Justicia y Reparación.

“(el nuevo proyecto) no contribuye a garantizar el éxito de las negociaciones de paz ni con las Auc ni con los demás actores que en el futuro expresen voluntad de reconciliación”, dicen las Auc en un comunicado de seis puntos firmado por el Estado Mayor Negociador y expedido este miércoles en Santa Fe de Ralito (Córdoba).

Según las Auc, los términos del nuevo proyecto son “un instrumento jurídico para un proceso de sometimiento a la justicia, y no para facilitar una negociación política de paz con los grupos irregulares”.

La propuesta inicial, polémica porque consideraba la excarcelación de quienes se acogieran a procesos de paz, fue modificada hace unas semanas.

Ahora propone pena mínima de cinco años y la creación de un tribunal de justicia, verdad y reparación que se encargará de decidir, en cada caso, si el desmovilizado merece o no los beneficios de la ley.

“El proyecto de ley en mención ofrece a las organizaciones comprometidas en un proceso de paz: Unidad Especial de Fiscalía, Tribunal ad hoc, cárcel de cinco a diez años físicos, juicio individual, juzgamiento delito por delito, extinción de los derechos políticos y patrimoniales, entre otros. ¿A qué tipo de negociación política nos convocan?”, se preguntan las Auc.

Tildan al Gobierno de contradictorio. Dicen que asume una  posición en la mesa única de negociación y otra  en el Congreso de la República.

“Las modificaciones a la iniciativa legislativa se apartan del sentimiento colectivo por la paz, y solo recogen el interés de algunos sectores,† que no representan la opinión mayoritaria de la nación”, enfatizan las Auc.

Este es el segundo pronunciamiento de los ‘paras’ contra el nuevo proyecto.

El martes pasado, el Bloque Central Bolívar (Bcb), que participaría en la mesa única de negociación entre el Gobierno y las autodefensas’, había rechazado las modificaciones y había propuesto un plebiscito para que sea el pueblo el que decida sobra la cárcel para los paramilitares desmovilizados.

Argumentó que es inconcebible que se incluyan penas privativas de la libertad para los ‘paras’ que se desmovilicen mientras se “viabiliza la posibilidad de dejar en libertad a los beneficiarios terroristas del trueque humanitario”.

El proyecto de Justicia y Reparación concede facultades al Gobierno para hacer un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos.